Emergencia Coronavirus: El gobierno italiano debe asegurar el acceso al agua y al saneamiento para todos

Roma, 9 de marzo de 2020

Es evidente que las medidas adoptadas por el gobierno para contener la epidemia del Coronavirus generan un estado de excepción y una suspensión sustancial de la democracia.

No queremos entrar en un razonamiento sobre la conveniencia o necesidad de estas medidas, sino que queremos poner de relieve una contradicción que podría tener graves repercusiones sociales y sanitarias.

En una situación en la que los ciudadanos se ven literalmente ahogados por las prohibiciones y las prescripciones, y en un contexto de esfuerzo colectivo e individual para mitigar el riesgo de contagio, no vemos ninguna disposición elemental en materia de sanidad e higiene: el acceso al agua para todas y todos.

En toda Italia, las administraciones de los servicios de agua están aplicando, con distintos matices, cortes de agua en caso de fraude u otras irregularidades como las identificadas por el tristemente famoso artículo 5 del Decreto Lupi, que niega el acceso a los servicios públicos esenciales, incluida el agua, a quienes se ven obligados a ocupar una vivienda para alojarse.

Se trata de una violación de un derecho humano que resulta aún más odiosa y peligrosa para la salud pública en el contexto actual, en el que la primera medida recordada por todos es precisamente la higiene.

Por lo tanto, pedimos la suspensión de todos los procedimientos de corte de agua: porque hoy en día es aún más necesario garantizar mediante un reglamento específico la disponibilidad de agua para todas/os, estén o no al corriente del pago de las facturas.

Se trata de una medida adoptada en una situación de emergencia, pero que esperamos pueda ser tratada de manera general relanzando el debate sobre la ley de aguas que ha estado bloqueada durante meses, sin ninguna razón, en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados italiana.

El aumento de las tarifas ha provocado que miles de hogares ya no puedan pagar el acceso al agua potable, a la vez que garantiza altos beneficios a las operadoras. Por lo tanto, esta medida debe aplicarse sin dinero público, como una contribución de las operadoras a la situación de emergencia.

Se trata de una medida útil para limitar la epidemia, y también evita poner a prueba un sistema de salud que ya ha demostrado su valor a pesar de años de inversión insuficiente.

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