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¡Bienvenidos!

El Movimiento Europeo del Agua es una red abierta, inclusiva y pluralista cuyo objetivo es reforzar el reconocimiento del agua como un bien común y un derecho fundamental universal. Estamos unidos para luchar contra la privatización y mercantilización de este bien vital, y la construcción de una gestión pública y comunitaria del agua, basada en la participación democrática de los ciudadanos y de los trabajadores.

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El foco en las políticas de la UE

El Movimiento Europeo del Agua coordina las actividades de lobby para sus miembros sobre las políticas relacionadas con el Derecho Humano al agua y la privatización del agua. Conoce nuestras opiniones y esferas de intervención.

Áreas de la política europea

Últimas noticias

  • Carta del Movimiento Europeo del Agua a los/las europarlamentarios/as sobre la Conferencia del Agua de la ONU de 2023
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Manifiesto por la Justícia Hídrica

Las organizaciones, Pueblos Indígenas, movimientos sociales y defensoras y defensores del agua abajo firmantes, se dirigen a las Naciones Unidas, ante la Conferencia del Agua de la ONU 2023, para hacerle llegar la voz de los que no suelen ser escuchados, pidiendo que los siguientes temas fundamentales estén en el centro de las políticas del agua a nivel mundial, regional, nacional y subnacional:

  1. El agua y el saneamiento son derechos humanos fundamentales. EL agua es un bien común y no una mercancía, que tiene que ser accesible para todos sin discriminación, bajo control público. Los usos personales y domésticos de agua, incluida la higiene, deben tener la máxima prioridad frente a los usos productivos, como los asociados a la agricultura e industria.
  2. Las políticas del agua deben priorizar la gestión sostenible de los ríos, lagos, humedales, manantiales y acuíferos, garantizando su buen estado ecológico en el marco del derecho humano a un medioambiente saludable, y como clave para afrontar las crisis de contaminación, deforestación, desertificación, pérdida de biodiversidad y cambio climático en curso. Los Estados deben garantizar que las empresas agrícolas y los usuarios industriales rindan cuentas y sean responsables del uso que hacen de todos los recursos naturales, incluida el agua, y de su impacto sobre ellos, basándose en la aplicación de la legislación y la regulación, y no en medidas voluntarias.
  3. Los Pueblos Indígenas tienen derechos distintos e inherentes, así como sistemas de conocimientos propios para relacionarse con el agua de manera armónica, por lo que los Estados deben reconocerles su condición de sujetos colectivos de derechos y respetar sus derechos territoriales, a la libre determinación y el derecho a ser consultado para obtener el consentimiento previo, libre e informado frente a cualquier proyecto que los afecte, y asegurarse que la gestión de sus medios de vida, incluido el agua, se realice conforme sus propias normas, en cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
  4. Los Estados deben dar el reconocimiento y el apoyo debido a las prácticas y a las organizaciones de gestión comunitaria del agua y del saneamiento promovidas, entre otras, por las comunidades campesinas y los pueblos indígenas, desarrollando partenariados público-comunitario respetuosos con sus saberes y tradiciones.
  5. En la mayoría de los países, las poblaciones rurales y las que viven en asentamientos urbanos informales son las más discriminadas en términos de acceso a los servicios de agua y saneamiento. Es obligación de los Estados garantizar la mayor prioridad en el acceso a estas poblaciones. La cooperación internacional debe priorizar a estos colectivos en sus acciones.
  6. Debe reconocerse, apoyarse y garantizarse la participación activa, libre y significativa de quienes son titulares de derechos, de los “right holders”, en todos los temas de la política del agua, con énfasis en la participación igualitaria de las mujeres, superando la marginación que sufren, a pesar de ser ellas las que cargan con la mayor responsabilidad y el trabajo de abastecer de agua a sus familias. Dicha participación debe tener la capacidad de influir en la toma de decisiones, superando los falsos modelos participativos, que solo legitiman las decisiones adoptadas por las élites de las sociedades.
  7. Los servicios de agua y saneamiento deben guiarse siempre por los derechos humanos, sin dejar a nadie atrás, incluidos quienes, por vivir en situación de vulnerabilidad, marginación o pobreza, tienen dificultades de pago. La privatización, mercantilización o financiarización de los servicios de agua y saneamiento son un riesgo para el disfrute de los derechos humanos, por lo que no deben considerarse como políticas a nivel global, nacional o local, así como en la cooperación internacional, potenciando, en su lugar, la titularidad y gestión pública a través de partenariados público-públicos y público-comunitarios.
  8. Los Estados deben proteger y garantizar los derechos de los trabajadores, así como unas condiciones laborales dignas, justas y equitativas. El acceso a los servicios en las esferas de la vida fuera del hogar debe recibir urgentemente un alto nivel de prioridad en las políticas públicas, que incluye el acceso en espacios públicos, lugares de trabajo, centros de detención, escuelas y establecimientos de salud, así como en los mercados donde los comerciantes venden alimentos y otros bienes en la economía informal.
  9. Para resolver la crisis del agua es necesario superar la actual fragilidad del marco multilateral de las Naciones Unidas, avanzando hacia una gobernanza que pueda afrontar los desafíos presentados anteriormente, estableciendo un mecanismo intergubernamental de reuniones regulares en torno al agua y saneamiento, y mecanismos concretos de seguimiento de los compromisos adquiridos en los que los sujetos y titulares de los derechos humanos participen de forma plena, efectiva y significativa.

Como sujetos y titulares de derechos humanos y defensores y defensoras del agua, a menudo criminalizados y perseguidos por defender los derechos humanos, exigimos que la ONU priorice el diálogo y la colaboración con las comunidades más vulnerables en la implementación del ODS 6, incluidos los Pueblos Indígenas, las comunidades campesinas, los que viven en asentamientos informales, las poblaciones discriminadas por motivos de género, ascendencia y clase, y todos aquellos que aún no tienen garantizado el acceso al agua potable y al saneamiento.

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Iniciativa Ciudadana Europea

 ¡Recogida de firmas cerrada!

Foco en Irlanda

A pesar de muchos años de lucha contra la instalación de contadores de agua en viviendas y en contra de las tasas sobre el consumo doméstico de agua, la campaña right2water Irlanda no ha conseguido en 2017 detenerlos de manera definitiva. Ni la instalación de contadores, ni las tasas, que han sido pospuestas para más adelante, ni tampoco se ha conseguido terminar con la empresa Irish Water. Además, el referéndum para evitar la privatización de los servicios de agua no ha sido aún convocado a pesar del apoyo unánime del parlamento irlandés. Al contrario, las tasas de agua sobre el consumo doméstico han reaparecido en 2019, los contadores de agua domésticos siguen siendo instalados y Irish Water subcontrata cada vez más actividades con el sector privado, con la consecuente degradación de las infraestructuras hidráulicas y de la calidad del agua. Es más necesaria que nunca una campaña fuerte por el derecho humano al agua y por la democracia.

Foco en Portugal

La campaña Água é de Todos defiende el agua pública. Con este fin lanzó en 2013 una iniciativa legislativa ciudadana, “Protección de los derechos individuales y colectivos al agua”, firmada por más de 44.000 personas, con el objetivo de consagrar el derecho al agua y prevenir su privatización. El proyecto fue rechazado dos veces por el Parlamento, en 2014 y 2017. Tan solo los diputados y diputadas del PCP, BE, PEV, a los que se unieron en 2017 los del PAN, votaron a favor. Por lo tanto, el mensaje de Água é de Todos continuará centrado en declarar e implementar el derecho humano al agua y contra la mercantilización del agua.

Foco en Grecia

Con la llegada de la crisis económica griega las compañías públicas de agua de Atenas (EYDAP) y Tesalónica (EYATH) se encontraban entre los activos a privatizar según el acuerdo entre el gobierno griego y los acreedores.

Tras dos años y medio de lucha por parte de los movimientos de Atenas (Save Greek Water) y Tesalónica (Movimiento 136, Water Warriors, Soste to Nero), dos acontecimientos importantes forzaron al gobierno a detener la privatización. El primero fue el referéndum popular en Tesalónica el 18 de mayo de 2014, donde el 98% de los votantes rechazaron la privatización de EYATH. El segundo fue la decisión 1906/2014 del Consejo de Estado, que declaró la privatización de EYDAP como inconstitucional.

Pero el tercer memorandum vuelve a forzar la privatización de los servicios de agua. En el último plan de privatización hay una disposición para la venta del 11% de EYDAP y el 23% DE EYATH (dejando tan solo el 50% en manos del Estado). El memorándum también fuerza la inclusión de las dos empresas en su totalidad en el conocido como “superfondo”, que “no pertenece al sector público”.

 

Reportajes y publicaciones

  • Trabajar con plantas, suelos y agua para enfriar el clima y rehidratar los paisajes de la Tierra
  • Destrucción y resistencia en Hasankeyf y en Tigris
  • Manual de remunicipalización de los servicios públicos de agua
  • Impacto potencial del CETA en el agua y los servicios de agua
  • Comentario acerca del artículo 1.9 del CETA

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