La voracidad energética y el litio de Cáceres contra el agua, las leyes y la gente

Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres, 1 de abril de 2024

Resumen de la situación del proyecto de mina de litio en Cáceres

El proyecto de mina de litio San José de Valdeflorez, a menos de 2 kms de la ciudad de Cáceres, de 100.000 habitantes, ilustra a la perfección la perversión de una parte de las instituciones públicas y la política que antepone el lucro a corto plazo de la minería y sus tentáculos en la sociedad, frente a la seguridad del suministro de agua, su reconocimiento y protección. Se dió a conocer en la ciudad en 2017, junto a diferentes errores en la tramitación administrativa por la que se les otorgaban permisos de investigación.

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Por un Pacto Social del Agua en Terrassa

Terrassa, 30 de enero de 2023

Comunicado del Observatorio del Agua de Terrassa
[ Traducción al español del comunicado de prensa en catalán ]

El Observatorio del Agua de Terrassa (OAT) queremos hacer pública nuestra preocupación por la situación económica que deberá afrontar la Empresa Pública Taigua, en un futuro inmediato, como consecuencia del escandaloso incremento de los precios de la energía que se están produciendo desde el pasado año. Este incremento ha provocado una escalada generalizada de los precios de la mayoría de suministros necesarios para el normal funcionamiento del servicio, el cual necesita una urgente renovación de la red de suministro. Según información de la Gerencia de Taigua (2021), esta situación imprevista está provocando unos efectos muy negativos sobre la capacidad de compra que se obtenía hasta ahora con las tarifas y que, en estos momentos, es de un 77% menor en relación a la que se disfrutaba en enero del año 2014.

Durante la anterior gestión privada de Mina-Agbar era muy difícil conocer la cuenta de resultados que obtenían. En 2013, ante la presión de la Mesa del Agua de Terrassa (Precedente ciudadano de lo que hoy en día es el OAT), Mina-Agbar hizo públicos unos beneficios netos de la gestión del negocio en Terrassa de 616.401 €, cuando la realidad ha demostrado que el negocio de Mina-Agbar en Terrassa era muy superior, tal y como se ha hecho evidente con las cifras obtenidas por Taigua que, en estos cuatro años de gestión pública, ha obtenido unos resultados, sin revisar tarifas y actualizando los sueldos de su personal, superiores a los 3 M€ anuales.

Estos ingresos netos han permitido a Taigua seguir invirtiendo en la infraestructura del servicio sin tener que recurrir necesariamente al incremento tarifario. Sin embargo, resultan insuficientes para hacer frente al déficit acumulado en inversiones de los 75 años de gestión privada de Mina-Agbar, y que se estima en unos 165 millones de euros, de los que 120 M€ corresponden a la reposición de la red secundaria de suministro que en un horizonte a 30 años supondría una inversión anual de 5 M€/año según información de la Gerencia de Taigua (2021).

Durante los cuatro años de gestión pública de Taigua, se ha invertido un total 8,86 M€, quedando sin licitar inversiones por importe de 4,14 M€, que no se han podido ejecutar por problemas logísticos y por los efectos de la pandemia. De éstos, se tiene previsto aplicar 3,99 M€ en inversiones para el año 2023. 

La revisión de las tarifas del agua, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC), es una práctica habitual para la actividad económica de cualquier empresa. Cabe recordar que durante la gestión de Mina-Agbar, las tarifas en la ciudad se aumentaron anualmente durante todo el período de 2003 a 2013 (11 años), con un incremento de un 63%, muy superior al registrado en los datos del IPC en Cataluña que fue de un 29,8%; un aumento totalmente injustificado, a favor de Mina-Agbar de más de un 33,8%. Finalmente, y como dato significativo a resaltar, según datos estadísticos de Cataluña, en el periodo que va de enero de 2014 a noviembre de 2022, el IPC ha sido de un 16,6% sin que este incremento haya repercutido en la factura del agua.

Desde que se empezó el proceso de remunicipalización, hace 8 años, Mina-Agbar no ha parado de poner palos en las ruedas presentando de forma continua contenciosos-administrativos y litigios judiciales que han dificultado la gestión de la actual empresa pública Taigua. Además, la ciudadanía de Terrassa sigue manteniendo contratos de continuidad con Mina-Agbar superiores a 1M€/anuales (por concepto de alquiler de la sede social de Taigua, laboratorios, intercambios de caudales de agua, e incluso el sistema operativo de gestión) que, de licitarse, comportarían una reducción de costes considerable a favor de Taigua. 

Según información de Gerencia de Taigua en 2021, se propone un Plan Económico Financiero que pretende resolver este déficit histórico de inversiones sin que ello comporte ningún riesgo económico o financiero ni para la Administración Local ni para Taigua, dada la solvencia económica y financiera del servicio. Pero la buena estabilidad económica que hemos transitado durante el período 2014-2021, se ha visto reducida considerablemente durante el año 2022, con el aumento de los precios de las materias primas y el sobrecoste de la factura energética, que ha aumentado en 1,5 M€/año, hecho que dejará los ingresos netos de 2023 en unos 791.968 € e implicará que en 2024 no se pueda mantener la media anual de inversiones que se venían realizando.

¿Qué propuestas hacemos desde la OAT para revertir esta situación?

El Observatorio del Agua de Terrassa queremos poner en valor la gestión pública del agua como referente para hacer posible la mejora continua del servicio, ajustando al máximo las tarifas para que cubran el coste real de su gestión, poder disponer de un Fondo Social que garantice el acceso al agua para toda la ciudadanía y aumentar el rendimiento de la red para los próximos años. Como Observatorio del Agua siempre velaremos para que cualquier incremento de tarifas del agua vaya previamente acompañado de la información que acredite su necesidad y se abra un debate participativo y de corresponsabilidad ciudadana. Somos conscientes de que sin una economía de Taigua saneada no se podrán alcanzar todos los retos que conlleva la mejora continua de este servicio tan necesario para la ciudad.

¿Cuáles son las medidas económicas y financieras que desde el OAT pedimos que se apliquen de forma inmediata por parte de la Administración Local y Taigua para continuar manteniendo la solvencia y la sostenibilidad necesaria de la gestión pública del agua en nuestra ciudad?

En el supuesto de que se revisara la factura del agua, aplicando el IPC de los últimos 14 años, Terrassa seguiría siendo la segunda ciudad con las tarifas de agua más económicas de las ciudades de Cataluña de más de 50.000 habitantes, y con unos gastos de captación, elevación y suministro mucho más elevados que en la ciudad de Manresa, la cual, según datos en la página web de Taigua, es actualmente la ciudad más económica.

Queremos que los contratos en vigor que se firmaron con Mina-Agbar en 2018, y que penalizan los resultados de Taigua, finalicen definitivamente a finales de 2023. 

Queremos seguir siendo un referente de la gestión pública del agua, demostrando que la gestión pública del agua es mucho más transparente, eficiente y sostenible que la privada y, sin lugar a dudas, la mejor decisión para los intereses de la ciudadanía de Terrassa.

Queremos que los contadores de agua formen parte de la gestión de Taigua como un elemento más del servicio y que dejen de ser un negocio más de Mina-Agbar. 

Por todos estos motivos, hacemos pública nuestra propuesta de un Pacto de Ciudad en defensa de la gestión pública del agua en Terrassa y pedimos que se sumen a él la totalidad de los partidos políticos de la ciudad, con o sin representación en el Consistorio.

Es necesario el compromiso de todos los partidos políticos y de la ciudadanía organizada para afrontar las dificultades del momento actual y asegurar así el blindaje económico y social del servicio de abastecimiento del agua en nuestra ciudad.

Comisión Permanente del Observatorio del Agua de Terrassa

El retroceso del delta del Llobregat


Traducción al español de un artículo de la Taula del Llobrega

El delta del Llobregat ha retrocedido 800 metros en un siglo. Un estudio de la Universidad Politécnica de Cataluña revela que la anchura del río en su desembocadura era de 275 metros en 1846, mientras que actualmente es de 36 metros. 

Científicos de la Universitat Politècnica de Catalunya revelan datos sorprendentes sobre el río Llobregat y su delta, en un estudio publicado en la revista Natural Hazards and Earth System Sciences. El dato más significativo es la cuantificación del retroceso del delta en poco más de 100 años. A partir de mapas históricos geolocalizados, determinaron que el delta del Llobregat en su desembocadura retrocedió 800 metros entre 1891 y 2000, antes de que la desembocadura fuera desviada para la ampliación del Puerto de Barcelona.

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Resumen de la reunión entre la RAP y el Ministerio Ministerio de Derechos Sociales



La Red Agua Pública transmite al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 la necesidad urgente de garantizar el derecho humano al agua y regular el mínimo vital.

-- En el encuentro se trasladó a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 la urgencia de regular por ley el derecho humano al agua en términos de garantía del mínimo vital y de la prohibición de cortes de suministro.

-- También se urgió al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a intervenir activamente en la transposición de la Directiva europea sobre el agua de consumo humano incorporando en su contenido los criterios y principios del derecho humano al agua potable.

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La RAP exige al gobierno de garantizar el suministro de agua y de prohibir los cortes de agua para los sectores sociales vulnerables

El 17 y el 31 de marzo de 2020, el gobierno aprobó sendos decretos ley en los que se concretaban medidas extraordinarias en el ámbito económico y social para hacer frente a la crisis sanitaria motivada por el coronavirus, y específicamente las destinadas a garantizar, en este contexto, el suministro de los servicios públicos de agua al conjunto de los hogares, mientras durase el estado de alarma, dado que la condición de vulnerabilidad es previsible que se amplíe sustancialmente. Estas medidas prescribirán el próximo 30 de septiembre.

La Red Agua Pública (RAP) valoró positivamente lo establecido en ambos decretos ley en relación con el suministro de agua, ya que son coherentes con el derecho humano al agua, que establece la obligación de disponer un suministro continuo y la prohibición de cortes por motivos de vulnerabilidad económica o social. Además, en plena crisis sanitaria, se puso de manifiesto la importancia del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud.

Estas medidas contaron con un apoyo y consenso generalizado consenso social y ciudadano; sin embargo, en plena pandemia el lobby del agua privada presionó al gobierno, a través de una carta de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) dirigida a la Ministra de Transición Ecológica, pidiéndole la suspensión de la prohibición de los cortes de agua aduciendo perjuicios comerciales que podían poner en peligro el equilibrio económico financiero de sus contratos de concesión. Esta actitud egoísta, insolidaria y mezquina fue denunciada por la RAP y desoída por el gobierno.

Desde la promulgación de estas medidas han pasado seis meses, durante los cuales el impacto del COVID-19 ha ocasionado un incremento notable de las familias que se encuentran en situación de pobreza extrema, que ya alcanzan casi el 68%, y la situación económica y social se ha retrotraído a los peores momentos de la crisis financiera de 2008. Además, de acuerdo con el Informe Foessa de 2020, se configura una crisis habitacional que se manifiesta en que el 19,5% de las familias se han visto obligadas (o se lo plantean como opción futura) a mudarse a una vivienda más barata y un 13,2% viven con una inminente amenaza de expulsión o desahucio.

A pesar de esta crítica situación social, no es seguro que el gobierno renueve las medidas de proteger a los sectores sociales vulnerables garantizando su acceso al agua. Esto es, a todas luces inaceptable ya que supondría condenar a amplios sectores de la sociedad a una situación que pondría en peligro su propia integridad física y vital, además de constituir una conculcación flagrante del derecho humano al agua.

La RAP exige al gobierno que desoiga cualquier presión del lobby del agua privada para reanudar los cortes de suministro y que mantenga las medidas contempladas en los reales decreto de marzo con el fin último de no dejar nadie atrás.

La declaración de la RAP en su sitio web