El agua vuelve al grifo público

El Ayuntamiento de Manacor (Mallorca) no acababa de decidirse. A pesar de la falta de mantenimiento en la red de suministro, de la subida de tarifas, del problema con los altos niveles de nitratos detectados —se recomendó a los bebés y embarazadas no bebieran agua del grifo—, no acababan de asumir la gestión del abastecimiento del agua. Y eso que la remunicipalización del servicio estaba en la agenda política desde 1997, cuando el grupo de Esquerra Unida hizo su primera petición. El paso se dio, finalmente, el pasado noviembre, cuando el Consistorio ejecutó el rescate en detrimento de Aguas de Manacor, la empresa privada que se había encargado del negocio en los últimos 27 años.

El caso del municipio mallorquín no es único. Arteixo (A Coruña) tomó la misma decisión en julio pasado. La Línea de la Concepción (Cádiz), en septiembre. Y tres pequeñas pedanías de Jerez (Guadalcacín, Estella y Torrecera) se han sumado recientemente. Pero la desprivatización del agua es todavía una excepción en España, donde el 50% del abastecimiento continúa en manos privadas. En Europa, ese porcentaje se reduce al 30%. En el mundo, hasta un 10%.

“El debate sobre la remunicipalización del agua se está abriendo y crecen las plataformas y partidos políticos que defienden esa tendencia, pero va muy lento”, analiza el secretario general de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), Jaime Morell. En cambio, el gerente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (Aeas), Roque Gistau, le resta trascendencia por los escasos casos existentes.

La pugna entre privatización y desprivatización es todavía muy desigual en un país en el que el abastecimiento del agua es en algunos casos una fuente más de financiación pública. La titularidad del suministro hasta los hogares es municipal, pero conviven dos modelos de gestión: el público o el concesionado, que da el control a una empresa privada o a una sociedad mixta público-privada, de gestión compartida. Este último es el modelo que se ha seguido, por ejemplo, en el área metropolitana de Barcelona, cuando el año pasado Agbar y el Gobierno metropolitano sellaron una alianza para alargar las concesiones de agua de Agbar en 23 municipios de su influencia.

Solo esa reprivatización afecta a casi tres millones de personas. En España, en el último par de años, se ha producido una docena de casos de municipios que han decidido asumir por completo el abastecimiento del agua. Algunos otros se lo plantean o, incluso, han iniciado las tramitaciones necesarias para hacerlo efectivo. El proceso es lento: las remunicipalizaciones ejecutadas este año afectan a algo menos de 150.000 consumidores.

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