Concesiones perjudican el interés público

Declaración del Sindicato de Trabajadores de Administración Local y Regional, Empresas Públicas, Concesionarias y afín (STAL)

Tribunal de cuentas comprueba negocio ruinoso de aguas

La Auditoría del Tribunal de Cuentas portugués confirma la verdadera situación de la gestión privada de aguas: las empresas privadas se embolsan grandes lucros, los vecinos y municipios pagan la factura.

La auditoría del Tribunal de cuentas (Tdc) sobre las colaboraciones público-privadas (PPP) en el sector de aguas (sistemas de agua en baja), publicada el día 27, parece confirmar y justificar la lucha y las sucesivas denuncias de STAL contra la privatización de los servicios públicos de aguas y saneamiento, comprobando que éste es un negocio altamente lesivo para los municipios y los ciudadanos que se ven obligados a pagar todos los costos, mientras las empresas privadas embolsan grandes beneficios.

Todas las 19 concesiones municipales analizadas por el TdC: Alcanena, Barcelos, Batalha, Campo Maior, Carrazeda de Ansiães, Figueira da Foz, Fundão, Ourém, Trancoso, Gondomar, Setúbal, Paredes, Valongo, Fafe, Santa Maria da Feira, Matosinhos, Santo Tirso/Trofa, Paços de Ferreira y Marco de Canaveses, muestran una partición desigual de riesgos claramente beneficiando a los operadores privados, en detrimento de los municipios.

En la mayoría de los contratos, las "proyecciones de crecimiento poblacional y las estimaciones de consumo, que sirven de base para los contratos de concesión, son poco rigurosas y están desfasadas de la realidad". La falta de rigor es tal que "tales estimaciones fueron establecidas y aprobadas por las autoridades relevantes (los municipios), sin que las mismas fueran previamente auditadas o investigadas por los propios municipios". Para agravar aún más la situación, se verifica que tres en cada cuatro contratos de concesión de aguas garantizan compensaciones a los concesionarios en caso de que haya una reducción en el volumen de agua facturada o en la evolución del número de consumidores.

Como apunta el informe, dos de estas concesiones ya fueron objetivo de decisiones del Tribunal Arbitral que ordenaron el pago de grandes indemnizaciones a los operadores privados. Son los casos conocidos de Marco de Canaveses, en el que el municipio fue condenado a pagar a la entidad gestora, Aguas de Marco, la suma de 16 millones de euros. También el caso del municipio de Barcelos, condenado a pagar cerca de 172 millones de euros, en cuotas a lo largo del contrato, valor que es tres veces el presupuesto municipal.

Las tasas de rentabilidad (TdR) existentes son verdaderamente obscenas, variando entre 9,5% hasta 15,5%. El propio TdC que afirma que "Este nivel de expectativa de remuneración del accionista de base parece inaceptable a la luz del actual marco económico y presupuestario", recomendando la revisión en baja de las tasas TIR superiores a 10% "teniendo en cuenta los cambios en circunstancias y por razones fundamentadas en el interés público."

También son reveladoras las conclusiones del Tribunal que estima que "los otorgadores públicos demostraron serias limitaciones con respeto a la capacidad de observación financiera y análisis de riesgo de estos contratos, resultando así en una menor capacidad técnica y empresarial para defender los intereses financieros de los municipios, incluyendo a los propios utilizadores". Esto confirma la posición del STAL de que los municipios serían presa fácil para los poderosos grupos económicos.

Tal como son claras las consideraciones expuestas en el informe sobre la legislación de los servicios de aguas que, en la opinión del Tribunal, penaliza los municipios y a los consumidores y a los concesionarios así confirmando la lógica seguida por sucesivos gobiernos de consagrar y proteger legalmente los lucros privados.

Igualmente esclarecedora es la verificación por los auditores de "que la ERSAR (Entidad Reguladora de Servicios de Aguas y Residuos) realizó apenas ocho auditorías, que corresponde a cerca de 30% del total de las concesiones, dejando mucho que desear en cuanto a la necesidad de control de las obligaciones contractuales de los respectivos otorgadores y concesionarios."

Ante todo esto, y más allá de lo que apunta este informe relevante e importante, el STAL no puede dejar de concluir que la existencia de tales contratos demuestra como la privatización abre las puertas a todo tipo de prácticas corruptas altamente lesivas para el bien común y de cómo son ilusorias las teorías que afirman que el control por parte de las entidades fiscalizadoras y reguladoras son suficientes para impedir los excesos y abusos de los grupos privados en la búsqueda incesante del máximo lucro.

Por lo tanto, es significativo que esta auditoría solo ahora haya sido realizada, veinte años después de la primera privatización de los servicios de aguas, que tuvo lugar en Mafra.

Entonces, STAL considera que es inevitable y imprescindible, para acabar con los privatizaciones/concesiones, crear las condiciones para la remunicipalización de los servicios de aguas y saneamiento privatizados, terminando con estos contratos abusivos e ilegales, y responsabilizando a quienes que habrá que responsabilizar.

Lisboa, 28 de febrero de 2014

La dirección nacional de STAL