
El agua es un bien común. Nuestra responsabilidad es asegurar que se gestiona sin ánimo de lucro, con criterios de solidaridad y cooperación, acceso colectivo, equidad, control democrático y sostenibilidad medioambiental y social.
Los usos personales y domésticos son provistos por los servicios de abastecimiento y tienen la consideración de derecho humano. Así lo reconoce explícitamente la Asamblea General de Naciones Unidas en 2010, que exige que debe asegurarse la provisión universal sin discriminación, garantizando su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad y asequibilidad; también deben gestionarse con criterios de participación, transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad económica, social y medioambiental.
En España, la cobertura del abastecimiento a través de los servicios de agua es prácticamente universal, y son exigibles los criterios anteriores relacionados con el bien común y el derecho humano. Sin embargo, a partir de finales del siglo pasado, se ha propiciado el negocio del agua embotellada, impulsada por importantes intereses económicos que se han articulado en un fuerte lobby. Su negocio alcanza una facturación anual superior a los mil millones de euros (Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas). La importancia del consumo del agua embotellada en España es muy relevante ya que su producción en 2017 superó los 7.700 millones de litros (IGME) situándola en el cuarto país de la Unión Europea por detrás de Alemania, Italia y Francia, y el tercero en consumo, tras Italia y Alemania (Federación Europea de Aguas Envasadas).
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