Terrassa, 30 de enero de 2023

Comunicado del Observatorio del Agua de Terrassa
[ Traducción al español del comunicado de prensa en catalán ]

El Observatorio del Agua de Terrassa (OAT) queremos hacer pública nuestra preocupación por la situación económica que deberá afrontar la Empresa Pública Taigua, en un futuro inmediato, como consecuencia del escandaloso incremento de los precios de la energía que se están produciendo desde el pasado año. Este incremento ha provocado una escalada generalizada de los precios de la mayoría de suministros necesarios para el normal funcionamiento del servicio, el cual necesita una urgente renovación de la red de suministro. Según información de la Gerencia de Taigua (2021), esta situación imprevista está provocando unos efectos muy negativos sobre la capacidad de compra que se obtenía hasta ahora con las tarifas y que, en estos momentos, es de un 77% menor en relación a la que se disfrutaba en enero del año 2014.

Durante la anterior gestión privada de Mina-Agbar era muy difícil conocer la cuenta de resultados que obtenían. En 2013, ante la presión de la Mesa del Agua de Terrassa (Precedente ciudadano de lo que hoy en día es el OAT), Mina-Agbar hizo públicos unos beneficios netos de la gestión del negocio en Terrassa de 616.401 €, cuando la realidad ha demostrado que el negocio de Mina-Agbar en Terrassa era muy superior, tal y como se ha hecho evidente con las cifras obtenidas por Taigua que, en estos cuatro años de gestión pública, ha obtenido unos resultados, sin revisar tarifas y actualizando los sueldos de su personal, superiores a los 3 M€ anuales.

Estos ingresos netos han permitido a Taigua seguir invirtiendo en la infraestructura del servicio sin tener que recurrir necesariamente al incremento tarifario. Sin embargo, resultan insuficientes para hacer frente al déficit acumulado en inversiones de los 75 años de gestión privada de Mina-Agbar, y que se estima en unos 165 millones de euros, de los que 120 M€ corresponden a la reposición de la red secundaria de suministro que en un horizonte a 30 años supondría una inversión anual de 5 M€/año según información de la Gerencia de Taigua (2021).

Durante los cuatro años de gestión pública de Taigua, se ha invertido un total 8,86 M€, quedando sin licitar inversiones por importe de 4,14 M€, que no se han podido ejecutar por problemas logísticos y por los efectos de la pandemia. De éstos, se tiene previsto aplicar 3,99 M€ en inversiones para el año 2023. 

La revisión de las tarifas del agua, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC), es una práctica habitual para la actividad económica de cualquier empresa. Cabe recordar que durante la gestión de Mina-Agbar, las tarifas en la ciudad se aumentaron anualmente durante todo el período de 2003 a 2013 (11 años), con un incremento de un 63%, muy superior al registrado en los datos del IPC en Cataluña que fue de un 29,8%; un aumento totalmente injustificado, a favor de Mina-Agbar de más de un 33,8%. Finalmente, y como dato significativo a resaltar, según datos estadísticos de Cataluña, en el periodo que va de enero de 2014 a noviembre de 2022, el IPC ha sido de un 16,6% sin que este incremento haya repercutido en la factura del agua.

Desde que se empezó el proceso de remunicipalización, hace 8 años, Mina-Agbar no ha parado de poner palos en las ruedas presentando de forma continua contenciosos-administrativos y litigios judiciales que han dificultado la gestión de la actual empresa pública Taigua. Además, la ciudadanía de Terrassa sigue manteniendo contratos de continuidad con Mina-Agbar superiores a 1M€/anuales (por concepto de alquiler de la sede social de Taigua, laboratorios, intercambios de caudales de agua, e incluso el sistema operativo de gestión) que, de licitarse, comportarían una reducción de costes considerable a favor de Taigua. 

Según información de Gerencia de Taigua en 2021, se propone un Plan Económico Financiero que pretende resolver este déficit histórico de inversiones sin que ello comporte ningún riesgo económico o financiero ni para la Administración Local ni para Taigua, dada la solvencia económica y financiera del servicio. Pero la buena estabilidad económica que hemos transitado durante el período 2014-2021, se ha visto reducida considerablemente durante el año 2022, con el aumento de los precios de las materias primas y el sobrecoste de la factura energética, que ha aumentado en 1,5 M€/año, hecho que dejará los ingresos netos de 2023 en unos 791.968 € e implicará que en 2024 no se pueda mantener la media anual de inversiones que se venían realizando.

¿Qué propuestas hacemos desde la OAT para revertir esta situación?

El Observatorio del Agua de Terrassa queremos poner en valor la gestión pública del agua como referente para hacer posible la mejora continua del servicio, ajustando al máximo las tarifas para que cubran el coste real de su gestión, poder disponer de un Fondo Social que garantice el acceso al agua para toda la ciudadanía y aumentar el rendimiento de la red para los próximos años. Como Observatorio del Agua siempre velaremos para que cualquier incremento de tarifas del agua vaya previamente acompañado de la información que acredite su necesidad y se abra un debate participativo y de corresponsabilidad ciudadana. Somos conscientes de que sin una economía de Taigua saneada no se podrán alcanzar todos los retos que conlleva la mejora continua de este servicio tan necesario para la ciudad.

¿Cuáles son las medidas económicas y financieras que desde el OAT pedimos que se apliquen de forma inmediata por parte de la Administración Local y Taigua para continuar manteniendo la solvencia y la sostenibilidad necesaria de la gestión pública del agua en nuestra ciudad?

En el supuesto de que se revisara la factura del agua, aplicando el IPC de los últimos 14 años, Terrassa seguiría siendo la segunda ciudad con las tarifas de agua más económicas de las ciudades de Cataluña de más de 50.000 habitantes, y con unos gastos de captación, elevación y suministro mucho más elevados que en la ciudad de Manresa, la cual, según datos en la página web de Taigua, es actualmente la ciudad más económica.

Queremos que los contratos en vigor que se firmaron con Mina-Agbar en 2018, y que penalizan los resultados de Taigua, finalicen definitivamente a finales de 2023. 

Queremos seguir siendo un referente de la gestión pública del agua, demostrando que la gestión pública del agua es mucho más transparente, eficiente y sostenible que la privada y, sin lugar a dudas, la mejor decisión para los intereses de la ciudadanía de Terrassa.

Queremos que los contadores de agua formen parte de la gestión de Taigua como un elemento más del servicio y que dejen de ser un negocio más de Mina-Agbar. 

Por todos estos motivos, hacemos pública nuestra propuesta de un Pacto de Ciudad en defensa de la gestión pública del agua en Terrassa y pedimos que se sumen a él la totalidad de los partidos políticos de la ciudad, con o sin representación en el Consistorio.

Es necesario el compromiso de todos los partidos políticos y de la ciudadanía organizada para afrontar las dificultades del momento actual y asegurar así el blindaje económico y social del servicio de abastecimiento del agua en nuestra ciudad.

Comisión Permanente del Observatorio del Agua de Terrassa

Articulo de la Fundacion Espacio Público

24 febrero 2022

Recientemente la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, entidad caracterizada por su opacidad y sin más actividad demostrada que su oposición a la remunicipalización del agua en Valladolid y la pugna judicial que ha emprendido contra el ayuntamiento de Barcelona, ha conseguido que la alcaldesa de esta ciudad sea investigada por temas que ya fueron descartados por la Justicia al archivar otra querella similar.

También es significativo el recurso presentado por la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES) integrada, entre otras, por multinacionales como Abertis, Alsa, Saba o Suez, contra el acuerdo adoptado por el Concello de Arteixo el pasado mes de octubre, en el que se aprobó cambiar la modalidad de la gestión del servicio de abastecimiento, pasando de ser prestado directamente por el Ayuntamiento a que lo haga una empresa de titularidad pública. Asimismo, es relevante que, desde el pasado mes de noviembre, Aguas de Barcelona y CCIES están enviando requerimientos e, incluso, interponiendo recursos ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, que afectan a numerosos ayuntamientos a los que la empresa pública Aguas de Manresa suministra agua, en los que se cuestionan las encomiendas de gestión que estas administraciones realizan con la citada empresa pública y así abrir paso a la gestión privada de este servicio.

La Red Agua Pública transmite al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 la necesidad urgente de garantizar el derecho humano al agua y regular el mínimo vital.

-- En el encuentro se trasladó a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 la urgencia de regular por ley el derecho humano al agua en términos de garantía del mínimo vital y de la prohibición de cortes de suministro.

-- También se urgió al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a intervenir activamente en la transposición de la Directiva europea sobre el agua de consumo humano incorporando en su contenido los criterios y principios del derecho humano al agua potable.

La Red Agua Pública se reúne con el Secretario de Estado de Medio Ambiente para transmitirle sus reivindicaciones sobre el mantenimiento del escudo social y la moratoria de cortes de suministro, y la regulación del derecho humano al agua.

En el encuentro, se trasladó al Secretario de Estado de Medio Ambiente la exigencia de mantener el escudo social y ampliar la moratoria de cortes de los servicios de agua, luz y gas más allá del 31 de octubre.

Se planteó que es fundamental pasar de las exigencias paliativas a la regulación por ley del derecho humano al agua en términos de garantía del mínimo vital y de la prohibición de cortes de suministro.

20 de octubre de 2021

El miércoles 19, una delegación de la Red Agua Pública (RAP) mantuvo una reunión con Hugo Morán, Secretario de Estado de Medio Ambiente, durante la que le transmitió su posicionamiento respecto a algunos de los temas más relevantes que afectan a los servicios del ciclo urbano del agua en la actual situación. En concreto, se plantearon las cuestiones siguientes:

El Mar Menor es una de las mayores lagunas litorales del Mediterráneo y ocupa unas 13 500 hectáreas de la costa de la Región de Murcia. Hasta hace apenas un lustro se caracterizaba por unas aguas hipersalinas y cristalinas que le diferenciaban de otras muchas lagunas litorales europeas de aguas turbias y salobres. Esa transparencia era fruto de unas aguas oligotróficas (escasez de nutrientes) y permitía la existencia de una laguna controlada por el fitobentos (las comunidades de plantas ancladas en el sedimento lagunar) al llegar la luz al fondo sin problemas.

Antes de la crisis actual, el Mar Menor había sufrido la presión de la minería de metales, con vertidos masivos al principio y drenaje de las estructuras mineras residuales después, y la de la actividad urbanística y sus infraestructuras turísticas asociadas (urbanizaciones, playas artificiales y puertos deportivos). Estos factores alteraron la laguna, pero su funcionamiento básico no cambió sustancialmente.

Consecuencias de la agricultura industrial

La presente crisis tiene sus orígenes en la puesta en regadío de la mayor parte del campo de Cartagena tras el Trasvase Tajo Segura, a principios de los 80. En sucesivos periodos y con distinto grado de legalidad se incrementaron los regadíos hasta acercarse a las 60 000 hectáreas. Cada hectárea lagunar sufre la influencia de 4 hectáreas de regadíos intensivos, ese es el ratio.

Los abonos (nitratos y fosfatos) se vierten en las parcelas de cultivo, pero una parte termina por distintas vías en la laguna y eutrofiza sus aguas (produce una sobreabundancia de nutrientes). Se estima que del total de nutrientes que llegan al Mar Menor, el 85 % tiene su origen en la agricultura industrial. 

Leer más en el sitio web de The Conversation

9 de junio de 2021

El 16 de diciembre de 2020 el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea aprobaron la Directiva 2020/2184 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. Esta normativa sustituyó a la entonces vigente que databa de 1998 y que estaba, a todas luces, desfasada. La revisión de la directiva estuvo motivada, en gran parte, por la presión que se consiguió a través de la Iniciativa Ciudadana Right2Water "El derecho al agua y el saneamiento como derecho humano", que fue apoyada por cerca de 2 millones de ciudadanos europeos y por muchas organizaciones sociales que propugnaban que el abastecimiento de agua no puede regirse por las normas del mercado interior, debe quedar fuera del proceso de liberalización, a la vez que tiene que cumplir condiciones estrictas de información, participación pública y rendición de cuentas, todo ello en el contexto general del reconocimiento del derecho humano al agua.

A pesar de que el Parlamento europeo asumió las reivindicaciones de la iniciativa Right2Water, en el proceso de revisión de la directiva de 1998 se relegaron una parte importante de los planteamientos de la ciudadanía, de forma que la Directiva aprobada en diciembre de 2020, si bien supone un importante avance con respecto a la anterior, no cubre lo fundamental de las exigencias ciudadanas expresadas en la iniciativa Right2Water.

Traducción al español de un artículo de la Taula del Llobrega

El delta del Llobregat ha retrocedido 800 metros en un siglo. Un estudio de la Universidad Politécnica de Cataluña revela que la anchura del río en su desembocadura era de 275 metros en 1846, mientras que actualmente es de 36 metros. 

Científicos de la Universitat Politècnica de Catalunya revelan datos sorprendentes sobre el río Llobregat y su delta, en un estudio publicado en la revista Natural Hazards and Earth System Sciences. El dato más significativo es la cuantificación del retroceso del delta en poco más de 100 años. A partir de mapas históricos geolocalizados, determinaron que el delta del Llobregat en su desembocadura retrocedió 800 metros entre 1891 y 2000, antes de que la desembocadura fuera desviada para la ampliación del Puerto de Barcelona.

Diez grupos con representación parlamentaria apoyan las medidas ciudadanas para prohibir los cortes.

• Representantes de diez grupos políticos del Congreso suscriben las medidas propuestas y exigen a la ministra Teresa Ribera la protección de todas las familias vulnerables.
• Numerosas entidades sociales reclaman la implementación del principio de precaución, un periodo de carencia sin cortes de suministro de agua, luz y gas y la redefinición de la figura de consumidor vulnerable.

Madrid, 17 de diciembre de 2020

A las puertas del invierno y en plena pandemia, numerosas entidades sociales han impulsado un manifiesto para exigir al Gobierno central y a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera el fin de los cortes de suministros y la implementación de una serie de medidas para garantizar la protección de todas las familias en situación de vulnerabilidad. Exigen así al Ejecutivo de Pedro Sánchez tres mecanismos efectivos para evitar cualquier interrupción de suministro de agua, luz y gas en hogares vulnerables: principio de precaución, periodo de carencia y redefinición de consumidor vulnerable. 

En diciembre de 2019, al cumplirse el primer año de gestión pública del agua en Terrassa (Barcelona), la teniente de alcalde de Territorio y Sostenibilidad del Ayuntamiento, Lluïsa Melgares, y el gerente de Taigua, Ramon Vazquez, presentaron los resultados de los primeros doce meses: un millón de euros de beneficio que por primera vez en siete décadas no se repartieron a gusto de los miembros de un consejo de administración privado. Pero, ¿a qué se destinó lo que se ganó en el primer año de gestión pública? Mayoritariamente, a mantenimiento, mejora y atención a averías de la red de distribución, bastante anticuada, anunciaron entonces desde la Alcaldía. ¿Pudieron decidir los ciudadanos, de alguna manera, a qué se destinaba ese dinero? La respuesta es no.

Para el Observatorio del Agua de Terrassa (OAT), el órgano participativo municipal para la gestión y gobernanza de la gestión de agua, es fundamental ahondar en los procesos de participación ciudadana y control social de la gestión del agua. Beatriz Escribano es la presidenta del Observatorio: “No tenemos margen de decisión sobre a dónde va el dinero de los beneficios de la empresa pública del agua, más allá de la parte en la que tenemos representación del consejo de Administración de Taigua”, señala.

El Ayuntamiento, por voz de la teniente de alcalde Lluïsa Melgares, asume que el papel del OAT es el de “reclamar al Ayuntamiento que se dé prisa y haga las cosas mejor, y lo hace bien”. Pero también advierte de los plazos y maneras de trabajar de la administración, que resultan ineludibles: “Nosotros trabajamos todas las propuestas que nos llegan del OAT, y sé que la administración va lenta y la ciudadanía tiene prisa; pero asumir municipalmente toda la gestión del agua en una ciudad como Terrassa es muy lento”.

Leer más en el sitio web del Salto Diario

El 17 y el 31 de marzo de 2020, el gobierno aprobó sendos decretos ley en los que se concretaban medidas extraordinarias en el ámbito económico y social para hacer frente a la crisis sanitaria motivada por el coronavirus, y específicamente las destinadas a garantizar, en este contexto, el suministro de los servicios públicos de agua al conjunto de los hogares, mientras durase el estado de alarma, dado que la condición de vulnerabilidad es previsible que se amplíe sustancialmente. Estas medidas prescribirán el próximo 30 de septiembre.

La Red Agua Pública (RAP) valoró positivamente lo establecido en ambos decretos ley en relación con el suministro de agua, ya que son coherentes con el derecho humano al agua, que establece la obligación de disponer un suministro continuo y la prohibición de cortes por motivos de vulnerabilidad económica o social. Además, en plena crisis sanitaria, se puso de manifiesto la importancia del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud.

Estas medidas contaron con un apoyo y consenso generalizado consenso social y ciudadano; sin embargo, en plena pandemia el lobby del agua privada presionó al gobierno, a través de una carta de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) dirigida a la Ministra de Transición Ecológica, pidiéndole la suspensión de la prohibición de los cortes de agua aduciendo perjuicios comerciales que podían poner en peligro el equilibrio económico financiero de sus contratos de concesión. Esta actitud egoísta, insolidaria y mezquina fue denunciada por la RAP y desoída por el gobierno.

Desde la promulgación de estas medidas han pasado seis meses, durante los cuales el impacto del COVID-19 ha ocasionado un incremento notable de las familias que se encuentran en situación de pobreza extrema, que ya alcanzan casi el 68%, y la situación económica y social se ha retrotraído a los peores momentos de la crisis financiera de 2008. Además, de acuerdo con el Informe Foessa de 2020, se configura una crisis habitacional que se manifiesta en que el 19,5% de las familias se han visto obligadas (o se lo plantean como opción futura) a mudarse a una vivienda más barata y un 13,2% viven con una inminente amenaza de expulsión o desahucio.

A pesar de esta crítica situación social, no es seguro que el gobierno renueve las medidas de proteger a los sectores sociales vulnerables garantizando su acceso al agua. Esto es, a todas luces inaceptable ya que supondría condenar a amplios sectores de la sociedad a una situación que pondría en peligro su propia integridad física y vital, además de constituir una conculcación flagrante del derecho humano al agua.

La RAP exige al gobierno que desoiga cualquier presión del lobby del agua privada para reanudar los cortes de suministro y que mantenga las medidas contempladas en los reales decreto de marzo con el fin último de no dejar nadie atrás.

La declaración de la RAP en su sitio web

Un pequeño municipio de la provincia de Huesca, entre las montañas prepirenaicas y el río Ebro, ha ganado recientemente una batalla muy importante que otros pueblos de la región aragonesa, o del resto del territorio peninsular, no han podido ganar desde hace varias décadas. El Tribunal Supremo ha decidido una sentencia histórica que, si bien es un arma de doble filo, por el momento tumba definitivamente el proyecto del pantano de Biscarrués, una infraestructura que hubiera cambiado de manera fulminante el ecosistema de la zona. Esta decisión supone un punto de inflexión, y una gran victoria de asociaciones ecologistas y los pueblos de la región, que han llevado adelante esta lucha contra el embalse desde hace años.

Esta semana la Comisión Europea ha dado la razón a la sociedad civil y ha comunicado oficialmente su decisión de no modificar la Directiva Marco del Agua y de dedicar sus esfuerzos a que los Estados pongan en marcha las medidas necesarias para proteger y mejorar la salud de los ríos, humedales y acuíferos.

La Comisión Europea ha comunicado su decisión de no modificar la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) y ha mandado un mensaje claro a los Estados miembros de la Unión Europea: la Directiva Marco del Agua (DMA) es una norma fundamental de la legislación comunitaria para proteger el medio ambiente y debe mantenerse fuerte y ambiciosa como hasta ahora. Un mensaje potente y crucial para los ríos, humedales y acuíferos de toda Europa.

Este mensaje fue transmitido en la reunión de Directores del agua de los Estados miembros de la pasada semana y corroborado formalmente en declaraciones a POLITICO del Comisario de Medioambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, que considera que la DMA es una pieza fundamental de la legislación ambiental de la Unión Europea y está aquí para mantenerse en su forma actual. El anuncio se ha producido seis meses después de que la propia Comisión Europea concluyera la evaluación tras más de dos años de consultas acerca de esta Directiva y afirmara que la versión actual era adecuada para cumplir con sus objetivos.

‘Remunicipalización ya’, ‘Remunicipalización cuanto antes mejor’ y ‘Remunicipalización, ya no hay excusas’, eran algunas de las demandas que portaban los integrantes de la Plataforma contra la Privatización del Agua de Alcázar, que este jueves han manifestado su opinión tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio contra Aqualia.

Junto a la ex concejala socialista, Ana Belén Tejado, han reivindicado iniciar los trámites para la expulsión inmediata de Aqualia de la empresa de gestión mixta Aguas de Alcázar, ya que como han alegado, “la empresa privada ya no tiene soporte legal ni administrativo para quedarse en la gestión”, aunque han manifestado su temor ante la posibilidad de que no se produzca una rescisión completa, y Aqualia pueda quedarse en la sombra “metiendo la mano como desde hace años”.

‘David contra Goliath’, como ha destacado Tejado, que ha señalado que solo existen dos opciones: “repetir un pleno para adjudicar correctamente la empresa de aguas a Aqualia, y por otra parte, rescindir el contrato, hacer la liquidación de la empresa y coger la llave porque a partir de este momento la sentencia es firme, y podríamos quedarnos con la empresa cuando el equipo de Gobierno tuviera sus cuentas arregladas, su liquidación resuelta y la celebración de un pleno para recuperar la empresa”.

Una victoria para todos los vecinos que han apoyado la remunicipalización reuniéndose cada viernes en la Plaza de España, una constancia que sin duda ha sido recompensada con la decisión judicial por la que se ha anulado el pleno en el que se aprobó la privatización de la gestión del agua en Alcázar de San Juan.

Leer más en el sitio web de ManchaMedia

El Grupo de Defensa del Ter desde hace 19 años que analiza los nitratos de las fuentes de la comarca de Osona y del Lluçanès, y este año una de estas fuentes ha batido el récord histórico de nitratos. El muestreo ha sido posible gracias a 53 personas voluntarias del Grupo de Defensa del Ter han visitado 164 fuentes, 13 de las cuales no manaban. La media de nitratos ha estado de 72 mg/l, toda vez que la OMS (Organización Mundial de la Salud) fija el límite de potabilidad por nitratos en 50 mg/l. El valor medio de este año es ligeramente inferior al del año 2019, que fue de 76 mg/l, a pesar de que la diferencia no es bastante significativa para suponer que ha habido un descenso real en la contaminación. Seguimos con casi la mitad de las fuentes contaminadas, concretamente el 45%.

La “fuente del hambre” de Calldetenes con 492,2 mg/l de nitratos ha sido la más contaminada de este año, batiendo el reord histórico desde el 2002, seguida de dos fuentes ya habituales en el podio, la fuente de Gallisans, junto con la de Santa Cecília de Voltregà, con 465,8 mg/l, y, en tercera posición, la fuente del Cassanell, en Taradell, con 344,80 mg/l. El año pasado el primer premio fue para esta última fuente, que llegó a los 456,8 mg/l. Este año, pero, la fuente del hambre casi toca los 500 mg/l de nitrato, un valor 10 veces superior al que recomienda la OMS para el consumo humano. Se trata indiscutiblemente del valor más alto que hemos encontrado en 19 años de muestreo de las fuentes. 

22 de abril de 2020

En plena crisis sanitaria, se pone de manifiesto la importancia del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud.

La Red Agua Pública (RAP) demanda el apoyo a ayuntamientos y operadores públicos en su compromiso con la defensa del derecho humano al agua y al saneamiento, y denuncia la justificación de cortes de suministro y las modificaciones legislativas que promueve el lobby privado de los operadores de los servicios de agua para mantener sus beneficios.

La RAP pone de manifiesto la necesidad de promover y acometer la remunicipalización de los servicios privatizados para priorizar la función social y ambiental del agua.

6 de abril de 2020

La Red Agua Pública (RAP) denuncia las condiciones de hacinamiento e insalubridad imperantes en los asentamientos informales de varios territorios como Huelva, Sevilla, Madrid, Almería o Murcia donde no se garantiza la vida digna, la higiene y la salud, conculcándose los derechos humanos al agua y al saneamiento.

La RAP apoya la denuncia de la Mesa Social del Agua de Andalucía sobre las condiciones de vida en los asentamientos de trabajadores de los invernaderos de Huelva, donde malviven cerca de 5.000 personas, que pueden convertirse en sitios vulnerables para la propagación del coronavirus.

Ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, ahora más que nunca, es urgente poner en marcha las medidas necesarias para garantizar el acceso al agua y al saneamiento en los asentamientos precarios, chabolistas e infraviviendas.

23 de marzo de 2020

Comunicado #MedidasDeEmergencia

Las organizaciones impulsoras del Plan de Choque Social consideramos que el «real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19» se queda muy corto en la protección de la mayoría de la sociedad y, en especial, de la clase trabajadora. Si el Gobierno realmente no quiere dejar a nadie atrás, como sucedió en 2008, debe ampliar sus miras. Hay medidas que se tienen que aplicar de forma urgente para dejar de poner en riesgo vidas y evitar un colapso sanitario y social. El Gobierno tiene que escuchar a centenares de sindicatos, organizaciones y plataformas antirracistas, feministas, ecologistas y sociales que exigimos una salida de esta crisis sanitaria, social, de cuidados, climática, ecológica y económica que ponga la vida en el centro y no los beneficios de las grandes empresas. Dejar en manos de la buena voluntad del IBEX 35, los especuladores y otros poderes económicos la protección de la sociedad y el medio ambiente no es una opción si se quiere evitar que se dispare, aún más, la desigualdad social, el deterioro climático y ambiental y la destrucción de derechos.

A continuación, resumimos algunas propuestas urgentes que exigimos y que vamos a defender desde la solidaridad, la organización colectiva y la movilización:

Leer más en el sitio web del Plan de Choque Social

La Red Agua Pública (RAP) reivindica la necesidad de asumir la emergencia climática y la determinación de avanzar en la lucha contra el cambio climático. La RAP se reafirma en la exigencia de implementar modelos de gestión públicos, democráticos, transparentes y sostenibles del ciclo integral urbano del agua.

El 22 de marzo de cada año, por iniciativa de Naciones Unidas, se conmemora el día mundial del agua con el objetivo de llamar la atención sobre la problemática general del agua a través de temas relevantes; en 2020 se ha elegido incidir en las relaciones entre el cambio climático y el agua, atendiendo a que tanto los impactos como las políticas de adaptación al cambio climático inciden y se relacionan directamente con el agua.

Existe un amplio consenso social y científico en que los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos supondrán modificaciones sustanciales en la disponibilidad, calidad y cantidad de agua para los ecosistemas acuáticos y las necesidades humanas básicas, amenazando el disfrute efectivo de los derechos humanos al agua y al saneamiento. En este sentido, la soberanía alimentaria, la salud humana, los asentamientos urbanos y rurales, la producción de energía, el desarrollo industrial y económico, el empleo y los ecosistemas dependen del agua y, por lo tanto, son vulnerables a los impactos del cambio climático.

El agua es un bien común. Nuestra responsabilidad es asegurar que se gestiona sin ánimo de lucro, con criterios de solidaridad y cooperación, acceso colectivo, equidad, control democrático y sostenibilidad medioambiental y social.

Los usos personales y domésticos son provistos por los servicios de abastecimiento y tienen la consideración de derecho humano. Así lo reconoce explícitamente la Asamblea General de Naciones Unidas en 2010, que exige que debe asegurarse la provisión universal sin discriminación, garantizando su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad y asequibilidad; también deben gestionarse con criterios de participación, transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad económica, social y medioambiental.

En España, la cobertura del abastecimiento a través de los servicios de agua es prácticamente universal, y son exigibles los criterios anteriores relacionados con el bien común y el derecho humano. Sin embargo, a partir de finales del siglo pasado, se ha propiciado el negocio del agua embotellada, impulsada por importantes intereses económicos que se han articulado en un fuerte lobby. Su negocio alcanza una facturación anual superior a los mil millones de euros (Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas). La importancia del consumo del agua embotellada en España es muy relevante ya que su producción en 2017 superó los 7.700 millones de litros (IGME) situándola en el cuarto país de la Unión Europea por detrás de Alemania, Italia y Francia, y el tercero en consumo, tras Italia y Alemania (Federación Europea de Aguas Envasadas).