El grito de socorro de los ríos, asfixiados y convertidos en canales de desagüe

En el Día Internacional de Acción por los Ríos, celebrado cada 14 de marzo, dirijamos la mirada a estos sistemas naturales que tan importantes han sido, son y serán para el desarrollo ambiental, social, cultural y económico de la humanidad.

Es necesario poner de manifiesto lo inestable que es la relación hombre-río en la actualidad, en un contexto de cambio climático en el que la fuerte antropización está robándoles su identidad, dinamicidad y territorio.

Los ríos son sistemas naturales dinámicos, complejos y extremadamente sensibles a cualquier tipo de cambio ya sea climático, hidrológico o antrópico. Estos suponen una ruptura en el equilibrio entre el caudal y la carga transportada. Cualquier actuación acometida en el río o en su cuenca se va a manifestar tanto en el cauce como en su llanura aluvial.

Entre las principales actividades humanas que afectan a los sistemas fluviales figuran las siguientes:

  • Los cambios de usos del suelo.
  • La remoción de la vegetación de ribera.
  • Las obras de defensa contra avenidas, dragados y canalizaciones.
  • La extracción de áridos.
  • La agricultura y las plantaciones de choperas.
  • El pastoreo.
  • La regulación de caudales.
  • La contaminación de aguas.
  • La abstracción-incorporación de caudales.
  • La explotación de especies nativas.
  • La introducción de especies exóticas.
  • La navegación.

Leer más en el sitio web de The Conversation

Luces y sombras de dos años de gestión pública del agua en Terrassa

En diciembre de 2019, al cumplirse el primer año de gestión pública del agua en Terrassa (Barcelona), la teniente de alcalde de Territorio y Sostenibilidad del Ayuntamiento, Lluïsa Melgares, y el gerente de Taigua, Ramon Vazquez, presentaron los resultados de los primeros doce meses: un millón de euros de beneficio que por primera vez en siete décadas no se repartieron a gusto de los miembros de un consejo de administración privado. Pero, ¿a qué se destinó lo que se ganó en el primer año de gestión pública? Mayoritariamente, a mantenimiento, mejora y atención a averías de la red de distribución, bastante anticuada, anunciaron entonces desde la Alcaldía. ¿Pudieron decidir los ciudadanos, de alguna manera, a qué se destinaba ese dinero? La respuesta es no.

Para el Observatorio del Agua de Terrassa (OAT), el órgano participativo municipal para la gestión y gobernanza de la gestión de agua, es fundamental ahondar en los procesos de participación ciudadana y control social de la gestión del agua. Beatriz Escribano es la presidenta del Observatorio: “No tenemos margen de decisión sobre a dónde va el dinero de los beneficios de la empresa pública del agua, más allá de la parte en la que tenemos representación del consejo de Administración de Taigua”, señala.

El Ayuntamiento, por voz de la teniente de alcalde Lluïsa Melgares, asume que el papel del OAT es el de “reclamar al Ayuntamiento que se dé prisa y haga las cosas mejor, y lo hace bien”. Pero también advierte de los plazos y maneras de trabajar de la administración, que resultan ineludibles: “Nosotros trabajamos todas las propuestas que nos llegan del OAT, y sé que la administración va lenta y la ciudadanía tiene prisa; pero asumir municipalmente toda la gestión del agua en una ciudad como Terrassa es muy lento”.

Leer más en el sitio web del Salto Diario

La Plataforma contra la Privatización del Agua de Alcázar reclama la rescisión del contrato y la expulsión de Aqualia de Alcázar de San Juan

‘Remunicipalización ya’, ‘Remunicipalización cuanto antes mejor’ y ‘Remunicipalización, ya no hay excusas’, eran algunas de las demandas que portaban los integrantes de la Plataforma contra la Privatización del Agua de Alcázar, que este jueves han manifestado su opinión tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio contra Aqualia.

Junto a la ex concejala socialista, Ana Belén Tejado, han reivindicado iniciar los trámites para la expulsión inmediata de Aqualia de la empresa de gestión mixta Aguas de Alcázar, ya que como han alegado, “la empresa privada ya no tiene soporte legal ni administrativo para quedarse en la gestión”, aunque han manifestado su temor ante la posibilidad de que no se produzca una rescisión completa, y Aqualia pueda quedarse en la sombra “metiendo la mano como desde hace años”.

‘David contra Goliath’, como ha destacado Tejado, que ha señalado que solo existen dos opciones: “repetir un pleno para adjudicar correctamente la empresa de aguas a Aqualia, y por otra parte, rescindir el contrato, hacer la liquidación de la empresa y coger la llave porque a partir de este momento la sentencia es firme, y podríamos quedarnos con la empresa cuando el equipo de Gobierno tuviera sus cuentas arregladas, su liquidación resuelta y la celebración de un pleno para recuperar la empresa”.

Una victoria para todos los vecinos que han apoyado la remunicipalización reuniéndose cada viernes en la Plaza de España, una constancia que sin duda ha sido recompensada con la decisión judicial por la que se ha anulado el pleno en el que se aprobó la privatización de la gestión del agua en Alcázar de San Juan.

Leer más en el sitio web de ManchaMedia

España: El Congreso abre el grifo a la remunicipalización del agua pese a los votos en contra de PP y Cs

Un ajustada votación, con la ausencia de varios diputados del Partido Popular, aprueba una propuesta de En Comú Podem para facilitar que los municipios puedan gestionar y recuperar el ciclo integral del agua.

Los ayuntamientos podrán recuperar la gestión directa del agua. Ese ha sido el principal resultado de la moción presentada por En Comú Podem (ECP) y aprobada hoy con los votos a favor de todos los grupos, excepto Partido Popular y Ciudadanos —que han votado en contra— y PDeCAT —que se ha abstenido—.

El apretado resultado de la votación —167 a 165— ha sido posible gracias a que varios de los diputados del PP no estaban presentes durante la votación. Además, dos diputados del PDeCAT se han abstenido.

La iniciativa, que fue defendida en el pleno por la diputada de En Comú Podem Alicia Ramos, insta al Gobierno a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley de Racionalización Local, normas que dificultaban la autonomía de los municipios para poder gestionar y/o recuperar la gestión del ciclo del agua. Estos cambios propuestos por ECP apuestan por otorgar una mayor autonomía local a los ayuntamientos para que puedan gestionar de manera conjunta “todo el ciclo del agua, pero priorizando el consumo humano”, según explica la formación en un comunicado.

La aprobación de esta iniciativa es sin duda un duro golpe para las grandes empresas, como Aqualia o Grupo Agbar, que han acaparado los procesos de privatización del agua en cientos de municipios de todo el Estado y que, gracias a las leyes Montoro, han visto protegidos sus intereses frente a corporaciones locales que han intentado remuniciaplizar el servicio del agua en sus municipios. “Los ayuntamientos no pueden escoger la mejor opción de gestión porque las trabas legales dificultan el control directo de los consistorios y premian la gestión indirecta, por parte de multinacionales del sector”, explicó Ramos en el pleno.

Leer más en la página web de El Salto

Remunicipalizar el agua es poner en primer plano la las necesidades de los ciudadanos

El anterior presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de España y autor principal del Manual de remunicipalización de los servicios públicos de agua, y experto europeo en gestión, Eulalio Ávila, desgrana las razones de la privatización del agua en España y detalla la fórmula para devolver el agua a la gestión pública en contra de los lobbies del sector.

-¿Por qué se privatizó el agua en España? ¿Qué impactos tiene?

-Se privatizó por varias razones, en unos casos por necesidad de financiación; en momentos en que los Ayuntamientos arrastraban déficits excesivos algunos vieron una fuente de financiación en la privatización del agua y el saneamiento que les podía procurar ingresos rápidos en forma de cánones, y ello suponía un poco de oxígeno, pero no es la forma más correcta, claro está, de acudir a la financiación.

En otros casos por la creación de una corriente de opinión, por medios e intelectuales del sector que pretendía hacer ver que la privatización era lo más acorde con la modernidad, deslumbrados por una especie de exhibicionismo tecnológico-ideológico que el sector privado promovía para, lógicamente, abrir oportunidades de negocio.

En general, en mi opinión, con las excepciones que toda regla tiene, el impacto que tuvo fue en muchos casos la falta de inversión con el deterioro de las redes de suministro y otros activos, el encarecimiento del servicio y subida de tarifas también en muchos casos y la preponderancia de una visión mercantilista de un servicio esencial para la vida y la salud, que ha de tener un enfoque social y un tratamiento como derecho humano que es, y que este aspecto quedó en un segundo plano. En otros casos se produjeron agujeros económicos por falta de control adecuado, con el consiguiente perjuicio de las arcas públicas.

El informe del Tribunal de Cuentas de Fiscalización del Sector Público Local del ejercicio de 2011 analiza la prestación de servicios de ayuntamientos españoles de menos de 20.000 habitantes, y recoge por ejemplo que el servicio de abastecimiento de agua potable tiene un coste medio de 46,83 euros por habitante, 44,10 cuando la gestión es directa y 53,67 si está privatizado.

-Qué significa remunicipalizar un servicio?

-Devolver a gestionar a la gestión pública lo que gestiona el sector privado: gestionar directamente el Ayuntamiento un servicio público que se venía siendo gestionado hasta ese momento mediante una empresa privada. El servicio siempre es de titularidad municipal pero cambia la forma de gestión, de indirecta a directa. Esta última se puede llevar a cabo directamente por el Ayuntamiento o entidad local, sin órgano especial de administración o mediante un organismo autónomo, una entidad pública empresarial o una empresa municipal de capital totalmente público.

Significa que el beneficio económico del gestor no es lo que está en el primer plano del enfoque. Sin olvidar el aspecto económico del servicio, pasa a primer plano la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, lo que permite aplicar parámetros sociales que garanticen el acceso al servicio a los colectivos más desfavorecidos social y económicamente con más facilidad que en caso de privatización del servicio. Se posibilita además una gestión más democrática del servicio, en la que los ciudadanos pueden participar sin tener que competir con intereses privados, amparados por la ley que, lógicamente, tienden a aumentar su cuenta de resultados en lo posible.

Leer más en la página web del Correo de Andalucía

España afronta una multa millonaria por depurar mal las aguas urbanas

25 de julio de 2018

Tras casi 30 años de incumplimientos, ninguna de las partes implicadas duda de que España será sancionada este miércoles por la mala depuración de las aguas residuales. La incógnita es cómo de abultada será la multa. La Comisión Europea pide más de 50 millones solo por el incumplimiento en 17 aglomeraciones urbanas, la mayoría en Andalucía; y 171.217,2 euros de multa más al día mientras persista el deficiente tratamiento. Bruselas asegura que en nueve de los 17 casos aún no se depura correctamente, con lo que la factura seguirá creciendo.

En los últimos 27 años ha dado tiempo para que España tenga tres presidentes socialistas y dos populares. Pero ninguno de estos Ejecutivos del PP y del PSOE ha cumplido completamente con la directiva sobre el correcto tratamiento de las aguas residuales urbanas. La norma data de mayo de 1991. Y, tras un sinfín de avisos de Bruselas, cartas de emplazamiento e, incluso, condenas –aunque sin sanciones–, la primera multa por los incumplimientos sostenidos de la normativa comunitaria está previsto que llegue este miércoles desde el Tribunal de Justicia de la UE. Y será millonaria, como han reconocido el Ejecutivo español y la Comisión.

España se unirá así al club de países de la Unión Europea –entre los que figuran ya Bélgica, Luxemburgo, Grecia, Portugal e Italia– sancionados por estos mismos incumplimientos.

Leer más en el sitio web de El País