Roma, 9 de marzo de 2020
Es evidente que las medidas adoptadas por el gobierno para contener la epidemia del Coronavirus generan un estado de excepción y una suspensión sustancial de la democracia.
No queremos entrar en un razonamiento sobre la conveniencia o necesidad de estas medidas, sino que queremos poner de relieve una contradicción que podría tener graves repercusiones sociales y sanitarias.
En una situación en la que los ciudadanos se ven literalmente ahogados por las prohibiciones y las prescripciones, y en un contexto de esfuerzo colectivo e individual para mitigar el riesgo de contagio, no vemos ninguna disposición elemental en materia de sanidad e higiene: el acceso al agua para todas y todos.
En toda Italia, las administraciones de los servicios de agua están aplicando, con distintos matices, cortes de agua en caso de fraude u otras irregularidades como las identificadas por el tristemente famoso artículo 5 del Decreto Lupi, que niega el acceso a los servicios públicos esenciales, incluida el agua, a quienes se ven obligados a ocupar una vivienda para alojarse.
Se trata de una violación de un derecho humano que resulta aún más odiosa y peligrosa para la salud pública en el contexto actual, en el que la primera medida recordada por todos es precisamente la higiene.