22 de marzo de 2018

Un amplio conjunto de organizaciones y entidades de la sociedad civil (española) coincidimos en constatar que nos encontramos ante un momento realmente decisivo para recuperar y mantener el buen estado de conservación de nuestros ecosistemas acuáticos, no sólo para cumplir con la Directiva Marco del Agua y resto de compromisos europeos en esta materia, sino para adaptarnos a la realidad que nos impone el cambio climático, reducir nuestra vulnerabilidad frente a los crecientes riesgos de sequías e inundaciones y garantizar un uso sostenible del agua, con unas demandas adaptadas a los recursos realmente disponibles. Por otro lado, afrontamos presiones privatizadoras, tanto en lo que se refiere a la mercantilización de los derechos de agua como a la privatización de los servicios de agua y saneamiento e incluso de la gestión del regadío.

El crecimiento insostenible de las demandas hídricas, tanto en el regadío como en los usos urbano-industriales, constituye actualmente uno de los principales problemas para lograr un uso sostenible del agua y el buen estado ecológico de nuestros ecosistemas.

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La UE busca la forma que la minera enfrente el aluvión de sanciones y sentencias judiciales que no ha cumplido.

La Comisión Europea se dirige al Tribunal de Luxemburgo para instar el cierre de Iberpotash por el incumplimiento de varias sentencias judiciales, que condenan a la empresa por daños al medio ambiente y por ayudas públicas de la administración.

La Generalitat de Catalunya, en tanto que Administración tutelar, sería la encargada de comunicar el cierre de la empresa minera, si llegado el caso el Tribunal de Luxemburgo emitiera una sentencia firme al respecto. La principal causa que ha desencadenado la acción de la Comisión es la salinización del Llobregat, origen del agua de boca que suministra en Barcelona la concesionaria Aigües Ter Llobregat (ATLL).

La salinización de las aguas y la privatización fantasma de ATLL llevaron al abandono de la vida política al ex consejero Lluís Recoder tras años de presiones por parte del Ejecutivo y de su partido, la antigua CDC. La clave del malestar de Recoder fue la acusación de trato de favor y ayudas públicas a una empresa amiga, en plena bronca del 3%.

La normativa europea sobre ayudas de Estado en materia de medio ambiente permite a los gobiernos europeos apoyar proyectos destinados a incentivar el cambio de comportamiento de las empresas, y a mejorar su huella ecológica. No se permiten, en cambio, ayudas destinadas a cubrir los costes del cumplimiento de normas medioambientales obligatorias. Tampoco permite eximir a las empresas de las reglas más básicas con sus obligaciones ambientales.

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Barcelona, Badalona, Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet y Terrassa, las empresas públicas Barcelona Ciclo del Agua y Aguas del Prat y la entidad Ingeniería sin Fronteras han constituido hoy la Asociación Catalana de Municipios y Entidades para la Gestión Pública del Agua (AMAP).

La asamblea constituyente se ha celebrado hoy en el Ayuntamiento de Barcelona, impulsor de esta iniciativa, y ha reunido a concejales de los siete ayuntamientos y a representantes de las empresas publicas y entidades que se han sumado a esta red pionera en Cataluña.

La AMAP se constituye como una asociación sin ánimo de lucro, para difundir y promover la gestión íntegramente pública del agua, con el objetivo principal de apoyar a los ayuntamientos que quieran encaminarse hacia una gestión pública del agua e incidir en políticas públicas relativas a la gestión pública del agua.

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La Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) reconoce que en España un total de 970.000 hogares en España ha recibido un aviso de corte de suministro durante el último año. AEAS extrae esta cifra tras extrapolar una encuesta entre 100.000 contadores de hogar. Según la patronal, en esos 100.000 contadores hubo 5.128 avisos de cortes de agua y finalmente se ejecutaron 180.

Si estas cifras fuesen correctas, supondrían el doble de las que calculan las organizaciones que defienden el agua como un derecho humano. Este mismo año lanzaron una campaña en la que alertaban de que medio millón de hogares no podían pagar la factura en España. De hecho, siguiendo la lógica de las cifras de AEAS, cada año 50.000 hogares no podrían evitar el corte previo de abastecimiento de agua, lo que supondría que 3.500 familias se quedarían sin acceso al agua potable cada mes.

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