Los bienes comunes son universales, pertenecen a todos y no deberían ser apropiados por autoridades y/o intereses privados. Las instituciones europeas, como garante de libertades fundamentales, de la paz, de la diversidad cultural y del estado de derecho, deberían asegurar el respeto y la preservación de los bienes comunes.

Por definición, los bienes comunes pertenecen a la colectividad. El agua, bien común emblemático, no debería ser privatizada ni considerada como una mercancía. Tampoco lo deberían ser la educación ni la salud: no deberían considerarse como mercancías sino como nuestro patrimonio compartido, protegido y enriquecido por las colectividades democráticas.

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Declaración del Sindicato de Trabajadores de Administración Local y Regional, Empresas Públicas, Concesionarias y afín (STAL)

Tribunal de cuentas comprueba negocio ruinoso de aguas

La Auditoría del Tribunal de Cuentas portugués confirma la verdadera situación de la gestión privada de aguas: las empresas privadas se embolsan grandes lucros, los vecinos y municipios pagan la factura.

La auditoría del Tribunal de cuentas (Tdc) sobre las colaboraciones público-privadas (PPP) en el sector de aguas (sistemas de agua en baja), publicada el día 27, parece confirmar y justificar la lucha y las sucesivas denuncias de STAL contra la privatización de los servicios públicos de aguas y saneamiento, comprobando que éste es un negocio altamente lesivo para los municipios y los ciudadanos que se ven obligados a pagar todos los costos, mientras las empresas privadas embolsan grandes beneficios.

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Los nuevos planes de cuenca, que recuperan el espíritu del Plan Hidrológico Nacional de 2001, apuestan por la construcción de grandes infraestructuras para vender y mover agua

El plan que está sobre la mesa abrirá la gestión de los ríos a los mercados y los intereses privados

Los expertos alertan de que en este contexto podría materializarse un posible Trasvase del Ebro

"Empresa multinacional del sector medio ambiente busca incorporar a un/a responsable de mercado de comunidad de regantes. Su misión consistirá en impulsar y desarrollar el mercado de regadío". Se venden ríos, se vende agua y hacen falta intermediarios. Ofertas de empleo como ésta modifican el futuro curso y caudal de los ríos de la península. Los planes del Gobierno, articulados en los nuevos planes de cuenca como el del Ebro, esbozan un nuevo mapa hídrico.

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ECCHR presenta un recurso ante el Tribunal Federal

Berlin / Zürich, 9 de enero de 2014 – El European Center for Constitutional and Human Rights junto con los abogados de Zürich, Marcel Bosonnet y Florian Wick, llevaron el caso del asesinato del sindicalista Luciano Romero al Tribunal Federal de Suiza. Representan a la viuda del sindicalista colombiano asesinado, quién había trabajado para una subsidiaria de Nestlé. En diciembre de 2013, la Corte Cantonal en el cantón de Vaud, en Suiza, denegó una denuncia contra el cierre de las investigaciones. La Corte de esta manera confirmó el razonamiento de la Fiscalía de que las investigaciones habían prescrito. Después de 15 meses de inactividad, los fiscales habían decidido no asumir las investigaciones contra los directivos de Nestlé o la propia empresa.

Haciendo esto la Corte desconoció que la prescripción con respecto a la responsabilidad de las empresas no empieza el día del delito. La propia empresa no ha realizado nada para remediar la deficiente organización que existe dentro de ésta. Por lo tanto, este llamado déficit de organización, en el que se basa la responsabilidad de Nestlé, no puede considerarse como prescrito. Además, la Corte no tiene en cuenta la posición jurídica establecida recientemente por el Consejo Federal Suizo que apoya el razonamiento de ECCHR y los abogados Bosonnet y Wick.

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