El Mar Menor es una de las mayores lagunas litorales del Mediterráneo y ocupa unas 13 500 hectáreas de la costa de la Región de Murcia. Hasta hace apenas un lustro se caracterizaba por unas aguas hipersalinas y cristalinas que le diferenciaban de otras muchas lagunas litorales europeas de aguas turbias y salobres. Esa transparencia era fruto de unas aguas oligotróficas (escasez de nutrientes) y permitía la existencia de una laguna controlada por el fitobentos (las comunidades de plantas ancladas en el sedimento lagunar) al llegar la luz al fondo sin problemas.

Antes de la crisis actual, el Mar Menor había sufrido la presión de la minería de metales, con vertidos masivos al principio y drenaje de las estructuras mineras residuales después, y la de la actividad urbanística y sus infraestructuras turísticas asociadas (urbanizaciones, playas artificiales y puertos deportivos). Estos factores alteraron la laguna, pero su funcionamiento básico no cambió sustancialmente.

Consecuencias de la agricultura industrial

La presente crisis tiene sus orígenes en la puesta en regadío de la mayor parte del campo de Cartagena tras el Trasvase Tajo Segura, a principios de los 80. En sucesivos periodos y con distinto grado de legalidad se incrementaron los regadíos hasta acercarse a las 60 000 hectáreas. Cada hectárea lagunar sufre la influencia de 4 hectáreas de regadíos intensivos, ese es el ratio.

Los abonos (nitratos y fosfatos) se vierten en las parcelas de cultivo, pero una parte termina por distintas vías en la laguna y eutrofiza sus aguas (produce una sobreabundancia de nutrientes). Se estima que del total de nutrientes que llegan al Mar Menor, el 85 % tiene su origen en la agricultura industrial. 

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En diciembre de 2019, al cumplirse el primer año de gestión pública del agua en Terrassa (Barcelona), la teniente de alcalde de Territorio y Sostenibilidad del Ayuntamiento, Lluïsa Melgares, y el gerente de Taigua, Ramon Vazquez, presentaron los resultados de los primeros doce meses: un millón de euros de beneficio que por primera vez en siete décadas no se repartieron a gusto de los miembros de un consejo de administración privado. Pero, ¿a qué se destinó lo que se ganó en el primer año de gestión pública? Mayoritariamente, a mantenimiento, mejora y atención a averías de la red de distribución, bastante anticuada, anunciaron entonces desde la Alcaldía. ¿Pudieron decidir los ciudadanos, de alguna manera, a qué se destinaba ese dinero? La respuesta es no.

Para el Observatorio del Agua de Terrassa (OAT), el órgano participativo municipal para la gestión y gobernanza de la gestión de agua, es fundamental ahondar en los procesos de participación ciudadana y control social de la gestión del agua. Beatriz Escribano es la presidenta del Observatorio: “No tenemos margen de decisión sobre a dónde va el dinero de los beneficios de la empresa pública del agua, más allá de la parte en la que tenemos representación del consejo de Administración de Taigua”, señala.

El Ayuntamiento, por voz de la teniente de alcalde Lluïsa Melgares, asume que el papel del OAT es el de “reclamar al Ayuntamiento que se dé prisa y haga las cosas mejor, y lo hace bien”. Pero también advierte de los plazos y maneras de trabajar de la administración, que resultan ineludibles: “Nosotros trabajamos todas las propuestas que nos llegan del OAT, y sé que la administración va lenta y la ciudadanía tiene prisa; pero asumir municipalmente toda la gestión del agua en una ciudad como Terrassa es muy lento”.

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En el Día Internacional de Acción por los Ríos, celebrado cada 14 de marzo, dirijamos la mirada a estos sistemas naturales que tan importantes han sido, son y serán para el desarrollo ambiental, social, cultural y económico de la humanidad.

Es necesario poner de manifiesto lo inestable que es la relación hombre-río en la actualidad, en un contexto de cambio climático en el que la fuerte antropización está robándoles su identidad, dinamicidad y territorio.

Los ríos son sistemas naturales dinámicos, complejos y extremadamente sensibles a cualquier tipo de cambio ya sea climático, hidrológico o antrópico. Estos suponen una ruptura en el equilibrio entre el caudal y la carga transportada. Cualquier actuación acometida en el río o en su cuenca se va a manifestar tanto en el cauce como en su llanura aluvial.

Entre las principales actividades humanas que afectan a los sistemas fluviales figuran las siguientes:

• Los cambios de usos del suelo.
• La remoción de la vegetación de ribera.
• Las obras de defensa contra avenidas, dragados y canalizaciones.
• La extracción de áridos.
• La agricultura y las plantaciones de choperas.
• El pastoreo.
• La regulación de caudales.
• La contaminación de aguas.
• La abstracción-incorporación de caudales.
• La explotación de especies nativas.
• La introducción de especies exóticas.
• La navegación.

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‘Remunicipalización ya’, ‘Remunicipalización cuanto antes mejor’ y ‘Remunicipalización, ya no hay excusas’, eran algunas de las demandas que portaban los integrantes de la Plataforma contra la Privatización del Agua de Alcázar, que este jueves han manifestado su opinión tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio contra Aqualia.

Junto a la ex concejala socialista, Ana Belén Tejado, han reivindicado iniciar los trámites para la expulsión inmediata de Aqualia de la empresa de gestión mixta Aguas de Alcázar, ya que como han alegado, “la empresa privada ya no tiene soporte legal ni administrativo para quedarse en la gestión”, aunque han manifestado su temor ante la posibilidad de que no se produzca una rescisión completa, y Aqualia pueda quedarse en la sombra “metiendo la mano como desde hace años”.

‘David contra Goliath’, como ha destacado Tejado, que ha señalado que solo existen dos opciones: “repetir un pleno para adjudicar correctamente la empresa de aguas a Aqualia, y por otra parte, rescindir el contrato, hacer la liquidación de la empresa y coger la llave porque a partir de este momento la sentencia es firme, y podríamos quedarnos con la empresa cuando el equipo de Gobierno tuviera sus cuentas arregladas, su liquidación resuelta y la celebración de un pleno para recuperar la empresa”.

Una victoria para todos los vecinos que han apoyado la remunicipalización reuniéndose cada viernes en la Plaza de España, una constancia que sin duda ha sido recompensada con la decisión judicial por la que se ha anulado el pleno en el que se aprobó la privatización de la gestión del agua en Alcázar de San Juan.

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